Según las estadísticas nacionales, estos niños representan el 1,9% de la población menor, mientras que los demas representan el 10,8% de la población menor. Esta desigualdad pone de relieve la vulnerabilidad de las comunidades marginadas, donde la pobreza obliga a las familias a priorizar la supervivencia económica sobre la educación de sus hijos. En las comunidades afectadas, el 73,1% de los menores que trabajan en la minería son mestizos, seguidos por el 20,4% de indígenas y el 4,1% de afrodescendientes. Estas cifras revelan exclusión y desigualdad entre razas y grupos sociales.
Desde una perspectiva económica, los costos del trabajo infantil también son enormes. Las familias reciben ingresos limitados por la participación de sus hijos, mientras que los costos directos e indirectos asociados a la actividad (por ejemplo, salud y alimentación) son de $92,63 por persona al mes. Aunque esta cifra no es grande, representa una carga adicional para las familias que ya están necesitadas. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para combatir el trabajo infantil, se han logrado pocos avances. Entre 2022 y 2023, la participación de menores en la industria minera disminuyó solo un 3,2%.
Este lento descenso refleja la falta de políticas y recursos eficaces para proteger a estos niños. El trabajo infantil en la minería no es sólo un problema económico o social, también es una herida abierta en el ámbito de los derechos humanos. Cada niño que pierde su infancia en los túneles es una oportunidad perdida para el futuro de nuestra sociedad.
Debido a la falta de información y transparencia sobre este tema, el ciclo de explotación continúa y los más vulnerables quedan atrapados en la oscuridad de un sistema descuidado. Es fundamental que los gobiernos, los organismos internacionales y la sociedad en general trabajen juntos para dejar clara esta realidad y garantizar que ningún niño pierda su infancia por culpa de la explotación.
